La presente ley flexibiliza la reglamentación establecida para la inversión extranjera y le da trato casi igual que a la inversión de origen nacional.

En general consolida la apertura de la actividad económica a la inversión foránea y simplifica los trámites administrativos que las empresas deben realizar. La ley no es restrictiva sino más bien promotora, lo cual es la diferencia con la que rigió desde 1973 y que fue sustituida por ésta. Solamente reserva al Estado el control sobre 11 áreas estratégicas, entre las que figuran el petróleo y demás hidrocarburos, petroquímica básica, electricidad, generación de energía nuclear, minerales radiactivos, así como funciones que le son propias al Estado como la acuñación y emisión de moneda, servicios de correos y telégrafos, radiotelegrafía y control y supervisión de puertos, aeropuertos y helipuertos.

Sin embargo, el control del Estado en estas actividades no es rígido o estricto porque está permitiendo la participación de la inversión privada a través de concesiones o permisos como es el caso de la electricidad en donde diversas empresas extranjeras han recibido autorización para realizar proyectos de generación eléctrica.

Fuera de estas áreas estratégicas y de 6 actividades más en la que sólo pueden invertir mexicanos, los extranjeros pueden hacerlo libremente en todas las demás actividades económicas y las cuales ofrecen muchas oportunidades de rentabilidad.

Además las empresas extranjeras podrán adquirir el dominio de bienes inmuebles en la zona restringida (como es el caso de Baja California, por localizarse en zona fronteriza) destinados a la realización de actividades empresariales en general (con excepción de construcción de vivienda residencial) y podrán adquirir también derechos sobre bienes inmuebles cuando los destinen a este último fin.